Una de las fotos que tiene la familia de Rocky.:: IDEAL
Una de las fotos que tiene la familia de Rocky.:: IDEAL

A pesar de que el juez considera inhumana la conducta del procesado y “totalmente injustificada”, no se ha podido acreditar que el animal estuviera muerto al no conocer el paradero del cuerpo

Escrito Rocío R. Gavira | Twitter: @RocioRGavira

Una vez más en nuestro país, otro caso de maltrato animal pasa de puntillas por los tribunales. El Juzgado de lo Penal 5 de Granada, cuyo titular es Miguel Ángel Torres, ha absuelto de un delito de maltrato animal al hombre de 43 años que fue acusado de ahorcar a Rocky, el perro de su vecino, porque le molestaban sus ladridos.

Aunque sí existen “sospechas ciertas e incluso vehementes” de que el animal falleció, la sentencia -que se conoció este martes- señala que no se ha probado que el procesado matara al perro. Los hechos tuvieron lugar en la urbanización El Carmelo de Ogíjares (Granada) en la noche del 7 octubre de 2012. Al parecer la familia de Rocky, de ocho años de edad, salió sobre las 23.30 horas de casa y poco después el perro se escapó de la vivienda. Fue entonces cuando Juan G. L., que reside enfrente de los afectados, aprovechó para instar al administrador de la comunidad y a los dos conserjes a que pusieran fin a su problema.

Estas tres personas se negaron a intervenir, cosa que no frenó a Juan G. L.. Utilizó una salchicha para atraer al perro, le puso una cuerda al cuello para “en un principio atarlo, pero lo sujetó en el aire varios minutos”, señala Cristina Gallego, abogada de la familia de Rocky. Según explica, para los testigos el animal murió en ese angustioso momento, pero “no está acreditado que falleciera” según la sentencia. El siguiente paso que dio el acusado fue introducir al perro, con la ayuda de su esposa, en el maletero de su coche y se marchó del lugar. No se conoce el destino ni qué hizo con él, pero del can “no se han vuelto a tener noticias”.

Durante el juicio, celebrado el pasado 19 de marzo, la versión de Juan G. L. ha sido distinta. Declaró que desconocía que fuera de su vecino, que sólo arrastró al animal desde el suelo hasta su maletero y llevarlo a una perrera cercana, pero que finalmente el can se escapó. Según explica Cristina Gallego, dicha perrera se encuentra a un kilómetro de la urbanización “por lo que la familia está convencida de que Rocky hubiera regresado a casa”. Incluso llevaron a un veterinario que afirmó que “para que un perro se ahogue de la forma descrita, tiene que estar suspendido en el aire durante 15 minutos”.

Según el juez, en el acto del juicio se puso de manifiesto que había “un conflicto vecinal” motivado por las supuestas molestias ocasionadas por los ladridos del perro propiedad del denunciante. La sentencia recoge que la acción del acusado “no puede aceptarse” y resulta “totalmente injustificada” y sus explicaciones y alegaciones sobre su forma de proceder resultan “inadmisibles”. Y atención, el magistrado sostiene que el procesado pudo matar al perro con la cuerda, bien por asfixia o ahorcamiento, o en todo caso que lo hizo desaparecer abandonándolo lejos de la vivienda o acabando con él en otro lugar.

También mantiene que las “contradicciones insoslayables” entre los dos conserjes, únicos testigos presenciales de los hechos, unido al informe y que no hay constancia sobre el destino del animal, deben llevar a una sentencia absolutoria.

En el juicio, la Fiscalía mantuvo en sus conclusiones definitivas su petición de nueve meses de cárcel para el acusado, mientras que la acusación particular solicitó un año de cárcel para Juan G.L., de 43 años, cuya defensa interesó su libre absolución. Por otra parte, Cristina Gallego estudia recurrir o incluso tirar por la vía civil, puesto que, aunque no se puede demostrar si el perro estaba muerto, “el acusado fue responsable de la desaparición de Rocky”.

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